Justicia roja-rojita Vs. autonomía universitaria

Foto: Caraota Digital

Andrés Raúl Páez

Abogado y profesor universitario

La sentencia No. 324 del TSJ en Sala Constitucional publicada el día 27 de agosto del
2019, a través de una precaria argumentación jurídica, en perjuicio de todas las
Universidades Nacionales, de la esencia de lo que representa la academia, la historia de
Venezuela, de los antecedentes que constituyeron la creación en 1721 de la Real
Pontificia Universidad de Caracas, de su fundación, luego en 1827 con el Libertador y
Los Estatutos Republicanos, de la hoy Universidad Central de Venezuela, nos afecta
especialmente a todos los venezolanos, en nuestra condición de ciudadanos, que
formamos parte de ellas, bajo cualquier circunstancia (profesores, estudiantes y
egresados).

Tomando en consideración la grave crisis humanitaria compleja que padecemos, el
colapso de los servicios públicos, la calamidad nacional, por la transición del Estado
Forajido al Estado Fallido, la violación sistemática DDHH, no es casual que la sentencia
No. 324 de la Sala Constitucional del TSJ se publique el 5-09-2019, en vacaciones
universitarias, así como la relación directa con el Providencia No. 18 de fecha 30-05-
2019 suscrita por el Presidente del Consejo Nacional de Universidades (CNU), donde se
acordó iniciar una investigación de carácter penal en contra de los rectores de la
universidades nacionales agrupadas en la Asociación Venezolana de Rectores
Universitarios (AVERU), contenida en la Gaceta Oficial No. 447.271, publicada el 31 de
julio del presente año, por “el hecho de profesar y realizar acciones abiertamente
hostiles de conspiración destinadas a desestabilizar…”.

En este sentido, la Alta Comisionada de los derechos humanos de la ONU, en su
informe presentado el 5 de julio estableció (pág. 6 Capitulo III) sobre la violación de los
derechos civiles y políticos por parte del actual régimen, en materia de libertad de
opinión e información, relacionado con el ejercicio del periodismo, cuyas labores de la
búsqueda de la verdad, de los hechos noticiosos, guardan relación directa con el tema
universitario; es importante destacar, que recientemente el 9 de septiembre,
expresamente lamentó los recientes ataques del Gobierno en contra de la autonomía
universitaria.

Sin embargo, de un plumazo rojo-rojito convertido en garrote comunista, la Sala
Constitucional del TSJ, que no defiende la supremacía de nuestra Carta Magna,
estableció mediante la sentencia No. 324, las siguientes barbaridades:

1) Que a pesar que en octubre del 2009, se interpuso un recurso de nulidad
contra la Ley Orgánica de Educación Superior, por nueve autoridades rectorales
(UCV-ULA-UC-LUZ-USB-UCLA-UNET-UNEXPO-UCAB). Luego, en el año 2010, la
representación de la UCV (Profesores Rachadell, Peña Solis y Sánchez Falcón),
solicitó la suspensión de los efectos del numeral 3 del artículo 34 de la LOE.

No obstante, de forma inexplicable, el TSJ otorgó una medida cautelar 9 años
después, diferente a lo solicitado (vicio de ultrapetita), para desaplicar los
artículos 31, 32 y 65 de la Ley de Universidades. Esta circunstancia no es un
simple error o inexactitud de los juzgadores, sino un esquema judicial
evidentemente parcializado, para sepultar o aniquilar el mecanismo electoral
universitario previsto por el legislador.

2) Que la naturaleza de lo qué significa las formas de gobierno, de la
administración y de la “autonomía universitaria”, protegidas por el artículos 109
de la Carta Magna no posee eficacia según el fallo bajo análisis, al no respetarse
y proteger su jerarquía, atribuyéndose facultades constituyentes que no tiene la
Sala Constitucional del TSJ.

3) Se desconoce el antecedente que en el año 2007 el intento de reforma
constitucional formó parte de la consulta sobre la modificación e integración del
claustro universitario, que fue rechazada categóricamente.

4) Que al modificar el mecanismo electoral (sin tener competencia) para designar
autoridades universitarias, también el TSJ pretende invalidar bajo el capricho
judicial revolucionario, el mandato desarrollado por el artículo 104 Constitucional,
en el sentido que la “educación estará a cargo de personas de reconocida
moralidad y de comprobada idoneidad académica”.

5) Que aunque exista una ley especial como lo es la vigente Ley de Universidades,
ésta puede ser modificada, sus principios rectores, y disposiciones
fundamentales, no exclusivamente por la Asamblea Nacional, el único Poder
Público con competencia para hacerlo, sino también, por el flamante TSJ, como
poder supranacional en Sala Constitucional, al crear nuevos “sectores” de forma
discriminatoria, ajenos a la academia; es decir además de los profesores,
estudiantes y egresados se añade de forma manipuladora en el descrito fallo, al
“personal administrativo” y “obreros”.

6) Que también se puede reglamentar el proceso electoral, no a través de las
propias formas de cogobierno universitario, exclusivos de cada casa de estudios,
sino que el TSJ puede otra vez intervenir, contaminando bajo criterios
improductivos, un nuevo mecanismo diferente a lo previsto en los artículos 31,
32 y 64 de la Ley de Universidades, elecciones, con plazos, con “segunda
vuelta”, especialmente con votos separados, en la creación de esta “nueva elite
ideologizada”, bajo supuesta “igualdad de condiciones” no del conocimiento, ni
de los factores propios de la academia, sino del proselitismo, del populismo, con un peligroso tinte de corte fascista, como producto de la revolución de todos los fracasos.

7) Que al pretender legislar, el TSJ, claramente invade competencias exclusivas de
la Asamblea Nacional, y fabrica nuevas categorías ajenas a la Ley de
Universidades o sectores, bajo fórmulas evidentemente discriminatorias, como el
componente o sector de egresados, al condicionar que debe ejercer su profesión
“en el lugar” donde tenga su sede o núcleo, además de poder designar a sus
autoridades».

8) Que a pesar de una clara usurpación de funciones, el TSJ invoca legislar bajo el
manto de una “democracia participativa y protagónica”, para solapar a las
universidades nacionales violentando su verdadera naturaleza, como comunidad
de intereses espirituales, en búsqueda de la verdad y los valores trascendentales
del hombre, como lo establece la Ley de Universidades en sus disposiciones
fundamentales.

Frente a este nuevo zarpazo judicial, surge en toda Venezuela, un nuevo reto, de
resistencia ciudadana, pacífica no violenta, a nivel nacional, unidos, organizados, en
las escuelas, decanatos, en las aulas, de todas las universidades nacionales,
experimentales, privadas, en los gremios, en la sociedad civil, en las calles, en defensa
de la dignidad profesional, de nuestras casas de estudios, de la forma de elegir a sus
autoridades, del respeto a la academia, a la razón de ser y composicion del claustro
universitario, de la importancia del escalafón docente, de lo trascendental que significa
para nuestra supervivencia cívica, la “autonomía universitaria”, que lucharemos juntos,
para no permitir que los venezolanos seamos ultrajados por la mediocridad, de una
cruel dictadura, que pretende silenciar la razón de ser de la universidad en tiempos de
cambios, desde la fundación de la Universidad de Bologna hace más de 9 siglos.

No pudieron doblegar a la Casa que Vence La Sombras, ni en los tiempos de Gómez, ni
en los tiempos de Pérez Jiménez. Tampoco los venezolanos permitiremos que la actual
tiranía lo intente con sus poderes sumisos, y la usurpación de funciones, que debe
cesar, en esta permanente tentación populista.

América Latina demanda abandonar la sociedad rentista, desarrollar centros científicos
comprometidos con la noción de excelencia, con vocación de futuro, de inserción social
en el mundo laboral, con valores, principios, ética, con innovación, méritos, esfuerzo,
con investigación, con personal altamente calificado, bien remunerados, que permita
crear nuevas oportunidades, a través del pensamiento crítico de profesores y
estudiantes, con calidad de vida para nuestros habitantes, para construir una sociedad
de ciudadanos, no de vasallos. Definitivamente nuestro compromiso con la libertad en
el país se reafirma.

 

Tuiter @andresraulpaezp

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