Murió padre del inspector Héctor Rovaín, condenado por eventos de Puente Llaguno

Padre de ex PM
Maximiliano Toro / Cortesía

A los 83 años falleció en Guatire Maximiliano Toro, padre del inspector Héctor Rovaín, uno de los nueve funcionarios de la extinta Policía Metropolitana (PM), condenados por las muertes ocurridas el 11 de abril de 2002 en Puente Llaguno.

Toro padecía una penosa enfermedad, cuyo tratamiento se dificultó por la escasez y el alto costo de las medicinas para los pacientes oncológicos. Estuvo recluido durante 15 días en el hospital de Guatire, donde lograron recuperarlo de una infección urinaria y otros padecimientos. Sin embargo, el tratamiento se hizo cuesta arriba debido nuevamente a la dificultad para encontrar, y costear los medicamentos necesarios, divulgó un comunicado de prensa.

La tarde de este martes, cerca de las 3:30, expiró producto de un paro respiratorio, sumiendo en la tristeza a sus seis hijos, demás familiares y amigos, en especial al inspector Héctor Rovaín, privado de libertad desde hace 16 años y 5 meses.

La tragedia que arropó la vida de la familia Rovaín inició el 11 de abril de 2002. Pero comenzó a concretarse en abril de 2003 cuando Héctor Rovaín, Erasmo Bolívar, Luis Molina, Iván Simonovis, Lázaro Forero, Henry Vivas, Julio Rodríguez, Marco Hurtado y Arube Pérez decidieron entregarse para demostrar su inocencia. Tres años más tarde, en el juicio más largo de la historia, Maryorie Calderón los condenó a 30 años de prisión, con excepción de Marco Hurtado, quien recibió una pena de 16 años y 8 meses, y Arube Pérez, de 17 años y 10 meses.

Rovaín, Bolívar, Molina, Hurtado y Pérez aún permanecen tras las rejas de la cárcel de Ramo Verde. Los otros cuatro recibieron medidas humanitarias y casa por cárcel por las graves enfermedades que presentaban, la mayoría como consecuencia del inhumano encierro que los privó hasta de los rayos del sol.

En la última entrevista realizada a Maximiliano Toro, a propósito de conmemorarse en 2017 15 años del 11 de abril, él nuevamente criticó el ensañamiento contra su hijo y sus compañeros. «Esto es una barbaridad. Es un valle de sufrimiento para todos nosotros. Su madre, mi esposa, falleció el 7 de junio de 2013 sin poder ver la libertad de su hijo. Mi nieto, su único hijo, tenía apenas siete años cuando se produjo la sentencia. El sueño de todo padre Héctor no pudo cumplirlo: llevar a su hijo, de la mano, al preescolar, a la primaria, no pudo asistir a su graduación para verlo con toga y birrete».

Hoy Maximiliano Toro murió y su hijo sigue en prisión. Son aristas de una misma tragedia, esa que inició cuando se ordenó buscar culpables por los asesinatos de Puente Llaguno, una orden que Eladio Aponte Aponte, Luisa Ortega Díaz, Maryorie Calderón y muchos otros funcionarios del régimen acataron con prontitud, pese a que violaba principios legales y éticos que en su momento debieron haber jurado defender.

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