El Estado les violó el derecho a la protesta, a la vida y también a la justicia

Fotos: Karina Peraza

“El caso de mi hijo está en fiscalía, no ha avanzado de fiscalía está como está el país no avanza, la justicia parece que se perdió el mismo día que lo asesinaron porque no la vemos por ningún lado”, expresó la señora Damarys Avendaño, madre de Nelson Daniel Arévalo quien fue asesinado de un disparo en el cuello durante las manifestaciones en el mes de junio del 2017.

El cuerpo de Nelson no había sido levantado por el Cicpc cuando ya el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, estaba anunciando a través de sus redes sociales que había manipulado un mortero y esto lo mató. Hubo testigos, hubo denuncias por parte de la familia que indicaron que se trató un disparo proveniente de manos de un funcionario que estaba en la sede de El Saime en El Ujano al este de la ciudad. Nada se investigó, todo quedó así.

Hoy la señora Damarys no conoce el rostro del que mató a su hijo; y señala que si a su hijo se le violó el derecho a la vida y a la protesta a ellos se les viola el derecho a la justicia. Ella llora a la vez que se siente culpable por haberle contado lo que era la Venezuela de antes, ese país que Nelson Daniel también quiso disfrutar y por el que salió a las calles a alzar su voz para buscar un cambio de Gobierno.

“No es que luchar sea un delito sino que aquí en Venezuela está prohibido que tu salgas a luchar, te pueden asesinar y la prueba está en esas sillas vacías: tantos muchachos, tantas carreras, tantos nietos… detrás de esas sillas hay muchas cosas. No hay nada más una madre que llora, hay nietos que no tendremos, hay títulos que no buscaremos, hay una fuerza que se perdió en el 2017 y que se continúa perdiéndose en Venezuela”, manifiestó con mucho dolor la señora Damarys.

Ella fue una de las asistentes a la actividad que llevó a cabo la ONG Movimiento Vinotinto en dieciséis estados del país en la que condenaron la impunidad de los 258 casos de personas caídas en contexto de manifestación. De estos casos, 27 ocurrieron en la región larense: 22 registrados en el 2017 y cinco en este 2019.

Pedro Hernández, coordinador del Movimiento Vinotinto en Lara, expresa que en la región ni siquiera se han hecho audiencias preliminares a los casos de Lara. Aseguró que hubo una investigación por parte del Ministerio Público pero, una vez que ese despacho lo agarró Tarek William Saab, los casos simplemente fueron engavetados.

Hernández destacó que desde la ONG se está introduciendo una petición formal ante la Alta Comisionada de DDHH para que en la próxima sesión, a efectuarse en septiembre de este año en Ginebra, se le dé apertura a un comité de investigación internacional; y de este modo conseguir la justicia que en Venezuela no se ha logrado.

En la actividad se observaron sillas vacías, con cada uno de los nombres de los fallecidos, en un acto simbólico.

Luis Alejandro Sosa, padre de Manuel Sosa asesinado en las protestas en mayo del 2017, recordó que los jóvenes que salieron a las calles sabían a lo que se enfrentaban. Pero, dijo que su familia jamás pensó en atravesar por la situación fatal que ya habían vividos otras personas. Señala que el expediente de su hijo sigue igual, aunque en su caso conocen el rostro y nombre del asesino porque existe una orden de captura. Y a pesar de que sabe que el propio Nicolás Maduro ascendió a capitán a ese militar que le disparó a Manuel, no pierde las esperanzas de que algún día logrará justicia.

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